Intervención del senador Marco Avirama en el programa Ciudadanía y democracia

Somos la voz del Partido ASI en el Senado

Comprometidos con la paz y la justicia social

De la mano con las comunidades

Vie 1 Dic' 17
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Sesenta años después de adquirir la plena ciudadanía

Un primero de diciembre hace 30 años por primera vez en Colombia, la mujer adquiría los derechos de ciudadanía y podía ejercer el derecho al sufragio, aunque el voto femenino había sido aprobado bajo el gobierno de Rojas Pinilla, luego de un largo y accidentado camino recorrido por ellas, con algunos hitos reconocidos en nuestra […]

Mar 21 Nov' 17
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Comisión nacional de territorios exige al gobierno respetar y garantizar derechos

COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS (CNTI) PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO Delegados de los pueblos y comunidades de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Bogotá, D.C., noviembre 21 de 2017 Los pueblos indígenas de Colombia reunidos en el marco de la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de manera colectiva, en obediencia a […]

 

LINEAMIENTOS DE UNA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA DEMOCRACIA

Construcción de una paz estable y duradera

Lo anterior implica generar condiciones subjetivas y objetivas para que la norma sea la convivencia pacífica y la resolución dialogada de las diferencias. La paz no es solo el silencio de las armas sino desactivar factores de índole social, económico, cultural, ambiental y político que están arraigados y vinculados al ejercicio despótico del poder, a la imposición de intereses de grupos dueños del mismo, a la inequitativa distribución de la riqueza, a la indiferencia de las autoridades y del común de los ciudadanos frente a los impactos nocivos y daños causados a la tierra y quienes la habitan. Por ello la relación paz y desarrollo debe resolverse beneficiando el real interés de las mayorías en la perspectiva de lograr condiciones de vida digna y buena para todos, en especial para los más vulnerables, como lo son los niños, los ancianos, las madres cabeza de familia, los afrodescendientes y los indígenas, los campesinos pobres. Democracia y Paz son como el hilo y la aguja por que se entretejen juntas y la una sin la otra no pasan de ser meras democracias reducidas al papel o la paz que reclaman las dictaduras caudillistas. Informe de Gestión Parlamentaria La exclusión, la iniquidad, la violación de los derechos ciudadanos individuales y colectivos deben ser erradicados de la cotidianidad de nuestra sociedad para que nunca más volvamos a vivir y a permitir que estos hechos se repitan. Debemos tomar conciencia que el postconflicto no es una fase o etapa que arranca de la dejación de las armas, sino que desde ahora debemos poner en marcha acciones y propuestas que cimienten la paz desde lo regional, en lo local y en los espacios cotidianos. En particular seguimos insistiendo como medidas previas, en la desmilitarización de los territorios, en la entrega de información que permita el desminado de los mismos, y en que sean devueltos a sus autoridades los comuneros indígenas que han reclutado, en especial mujeres, niños y jóvenes.

Fortalecer una ciudadanía activa y propositiva

Vivimos una cultura de la intolerancia, de la liquidación del contradictor, del desconocimiento del otro, de la violencia como método de solución de las diferencias. Esta es la marca de nuestra historia reciente, la que heredamos. O transformamos esta realidad con los antivalores que esto implica o estamos condenados a la imposibilidad de ser una democracia viable, participativa y equitativa. Por ello postulamos la necesidad de desaprender para poder construir nuevas formas de relacionamiento, otras miradas sobre el otro, respetar la diferencia y reconocer el disenso y la confrontación como oportunidades de avanzar como sociedad plural e intercultural. Con la constitución del 91 empezamos a crecer en términos de reconocer y dar contenido a distintas formas de expresión y participación ciudadana, muchas de las cuales aún quedan en el papel y no han sido suficientemente instrumentadas por los ciudadanos desde lo local hasta lo nacional. Ejercer el derecho y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana nos coloca en mejores condiciones para ser propositivos y jalonar procesos que respondan a las necesidades y aspiraciones de todos los colombianos. Reconocer la vida como el valor supremo de nuestra sociedad nos obliga a tomar en consideración la pervivencia de otras culturas, otras expresiones de la vida ligadas a la naturaleza y los distintos seres que la habitan.

Contra la corrupción y por la ética pública

La corrupción es violencia contra los ciudadanos y sus derechos. Las instituciones que investigan y castigan no cumplen con su deber y reina la impunidad. Los poderosos intereses económicos y políticos con el amparo mediático juegan en su propio beneficio y en desmedro de los intereses públicos. Las prácticas corruptas comprenden no solo la expoliación de los bienes y dineros públicos, sino también la omisión de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones y deberes. Estas prácticas marcan el funcionamiento de nuestra institucionalidad y favorecen poderosos intereses privados, ante la indiferencia y pasividad de la sociedad en general y la negligencia de los entes de control. Requerimos de una ciudadanía empoderada en defensa de sus intereses, haciendo control social sobre el gasto público, definiendo las prioridades de inversión pública y que se sepa gananciosa en este ejercicio de control social porque existen entes de vigilancia y control que asumen y cumplen sus funciones para castigar ejemplarmente estas prácticas. Es necesario que la institucionalidad pública y privada recupere la legitimidad que nace de la confianza ciudadana en el manejo ético y transparente de los asuntos que nos deben interesar a todos.

Una reforma agraria integral empeñada en resolver el hambre de las mayorías, democratizar la propiedad agraria, implementar soluciones alternativas a los ingresos ilegales de los pobres, garantizar la participación de las regiones y territorios rurales, nos colocará en mejores condiciones para avanzar por el sendero de la reconciliación nacional. Una administración cuya preocupación fundamental sea asegurar que la tierra provea de alimentos a las mayorías, antes que entregarlas para la explotación minera y petrolera que además agota y contamina recursos como el agua, el aire, el bosque, la fauna, estaría construyendo soluciones sostenibles y a largo plazo para la vida en paz de sus ciudadanos.

Hemos afirmado antes que la construcción de la paz supone el compromiso del estado y la sociedad colombianas por un verdadero diálogo intercultural que reconozca derechos, promueva la participación y el respeto por la diversidad y garantice la pervivencia de los pueblos indígenas a través del fortalecimiento de sus gobiernos y sistemas de organización propios. Esto debe reflejarse en el Presupuesto General de la Nación, que desde un enfoque de derechos, garantice la asignación de recursos específicos para la materialización de los compromisos asumidos con las comunidades indígenas en reconocimiento y garantía de su derecho a la autonomía y que permitan su pervivencia como pueblos diversos. Estas son las apuestas políticas mínimas que como colectividad política debemos defender e impulsar desde el nivel local y regional como las aspiraciones de los sectores más vulnerados en sus derechos. Nuestro compromiso debe centrarse en promover y acompañar la participación ciudadana en defensa de sus derechos y en la gestación de condiciones y experiencias para hacer realidad una democracia en paz.

Los intereses de los más ricos, el consumo desmedido y la indiferencia de las mayorías, son factores que propician la vulneración de los derechos de la madre tierra, con quien la especie humana mantiene unas relaciones asimétricas al erigirse en dueña suprema y luego en depredadora sin cuartel de la naturaleza y sus recursos.

Exclusión, desigualdad, violencia y guerra están asociados a la puesta en riesgo y a la ruptura del equilibrio por razón de la implementación de un modelo de desarrollo que arrasa con bosques, contamina aguas, hace irrespirable el aire, provoca la muerte de numerosas especies, por cuanto las decisiones se toman en favor de las actividades extractivistas, la implementación de extensos cultivos agroindustriales, a costa de la contaminación de aguas, la reducción de extensos bosques,  y el impacto negativo sobre ecosistemas frágiles, entre otros.

Propugnamos por un uso adecuado y sostenible de sus recursos, por relaciones que  reconocen a la naturaleza como la fuente y soporte de la vida en sus distintas manifestaciones, y a sus hijos, nosotros, como responsables de atender sus mandatos y garantizar que estas relaciones parentales sean armónicas y mantengan un equilibrio, que de romperse acarreará muchos males.

Estas son las apuestas políticas mínimas que como colectividad política debemos defender e impulsar desde el nivel local y regional como las aspiraciones de los sectores más vulnerados en sus derechos. Nuestro compromiso debe centrarse en promover y acompañar la participación ciudadana en defensa de sus derechos y en la gestación de condiciones y experiencias para hacer realidad una democracia en paz.

Ningún proceso de reconciliación y construcción de paz será posible sin el conocimiento por parte de la sociedad en general de las causas, actores y factores que condujeron a la victimización de grupos organizados y millones de personas. Conocer la verdad es una condición para que tanto las víctimas como la sociedad comiencen a sanar las heridas y los responsables tanto por acción como por omisión asuman la responsabilidad que a todos cabe. Consideramos prioritaria la reparación integral y restitución de los derechos territoriales a titulo colectivo, o de otra forma pasarán los 10 años de vigencia del decreto ley sin que el estado colombiano cumpla con su deber de garantía y reconocimiento de las víctimas indígenas afectadas por el conflicto armado llevado a sus territorios y que ponen en riesgo su existencia física y cultural. Urgimos al Congreso de la República para que actúe en cumplimiento de su deber controlando y demandando de las entidades responsables la gestión eficiente de los procesos de reparación colectiva y la destinación de los recursos presupuestales necesarios para su ejecución.

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