Solidaridad activa y efectiva con las victimas

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Un año más ha corrido sin mayores avances en la implementación de los decretos ley sobre víctimas de comunidades negras y pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. Han pasado más de 6 años desde la concertación de estos decretos y nos seguimos tropezando con oídos sordos por parte de la institucionalidad tanto nacional como regional, con una distancia gigantesca entre lo dicho en estas normas y el cumplimiento real de las mismas, con la falta de una mirada diferencial sobre los impactos del conflicto y las rutas de atención y reparación, con una ausencia de voluntad política para garantizar los derechos colectivos de las poblaciones étnicas, que van desde la falta de presupuestos apropiados hasta la entrega de información inconsistente que genera dudas y falta de credibilidad en las instituciones encargadas de implementar estas normas.

A estas alturas basta con repetir lo dicho de manera recurrente por la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los Decretos Leyes, CMSDL, conformada por la Procuraduría, Contraloría, Defensoría y representantes de dichas poblaciones. En su más reciente informe (2017) afirma:

“A lo largo de los cuatros informes precedentes, elaborados como resultado del mandato legal, se ha observado con preocupación la resistencia por parte de las autoridades concernidas a conocer e implementar lo ordenado en los Decretos Leyes Étnicos. Considerando lo anterior, la CMSDL encuentra necesario reiterar la brecha que existe entre las normas en cuestión y el cumplimiento informado por las entidades responsables de la implementación efectiva de esta política pública”.

La Comisión advierte sobre importantes puntos que hemos reseñado desde antes, tales como:

  1. 1. grave demora en la implementación de la Ruta de Reparación Colectiva Étnica, la cual se relaciona con la ineficacia administrativa por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
  2. falta de efectividad de las medidas de prevención y protección; la lentitud con que avanza su implementación y la falta de mecanismos adecuados para la protección y prevención de riesgos para las comunidades indígenas y negras, agudiza el estado de vulnerabilidad como nos consta por los asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados que siguen padeciendo.
  3. recursos de inversión casi inexistentes que hacen muy difícil cumplir con los objetivos planteados en los Decretos Leyes Étnicos en el término previsto. La Comisión reitera la necesidad de que se formule un documento CONPES específico para la reparación de los grupos étnicos, con una apropiación presupuestal suficiente.
  4. no se incluyó explícitamente la restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas y comunidades negras en el Plan Estratégico Interinstitucional de Restitución de Tierras, formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. ¿De cuál reparación integral hablamos entonces? ¿Desconoce la institucionalidad que la restitución de derechos territoriales “constituye la columna vertebral de la reparación integral a que tienen derecho”?

Persiste entonces la deuda histórica con los pueblos indios y las comunidades negras que han sido víctimas del conflicto armado interno y de distintas formas de discriminación y exclusión, y mediante los decretos ley de atención y reparación de víctimas de poblaciones étnicas, no se ha avanzado en el cumplimiento de los mandatos legales y la implementación de la política pública de reparación integral, que garantice  los derechos colectivos y la pervivencia física y cultural de estas poblaciones.

Hoy el Congreso de la República en pleno debe escuchar a las víctimas. Mostrar a las  víctimas que entendemos su sufrimiento, que valoramos su capacidad de perdonar para avanzar en la reconciliación, y que compartimos su afán de no olvidar porque el olvido es aliado de la repetición de estos horrorosos hechos.

Se requiere la solidaridad activa y efectiva con las víctimas desde todos los sectores de la vida nacional para hacer realidad sus derechos a la verdad, la justicia pronta, la reparación integral, y las garantías para que nunca más vivamos la guerra y abramos camino a la reconciliación.

 

 

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Alianza social Independiente ASI

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