Solicitamos pronta acreditación del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas

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La semana pasada estaba programada la entrega pública del Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.  Aunque el acto oficial fue aplazado, se conoce la versión no editada que presenta el balance del primer año de implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo de paz, así como la problemática persistente en zonas rurales  en materia de seguridad,  violencia vinculada a actividades económicas ilegales, al tiempo que destaca la corrupción que profundiza las desigualdades en el disfrute de derechos sociales, económicos y culturales de la población, así como el incremento de ataques contra defensores de derechos humanos.

La oficina del alto comisionado afirma que en 2017 “registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales”.  La práctica sistemática de estas conductas se muestra una vez más con los asesinatos de los líderes sociales Silvio y Bernardo Cuero, ocurridos el domingo pasado en Tumaco, quienes eran hijos del fiscal nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Bernardo Cuero, asesinado en Malambo en junio de 2017, a donde había llegado desplazado luego de abandonar Tumaco a raíz de las amenazas y atentados contra su vida por parte de grupos paramilitares.

Nos solidarizamos con la organización de víctimas y su familia, a los que acompañamos en su exigencia de justicia al Fiscal General, y al gobierno nacional demandamos protección adecuada y garantías eficaces para defender la vida y el ejercicio del liderazgo social en las regiones, los que están siendo vulnerados de manera sistemática. Es inaceptable que mientras Tumaco se encuentra militarizada a raíz de hechos similares ocurridos en los últimos meses, sigan ocurriendo estos asesinatos y se mantengan las amenazas contra la vida e integridad de líderes y comunidades.

Desde hace años las organizaciones sociales, indígenas, negras y campesinas, han insistido en la dimensión colectiva de la protección de sus líderes y comunidades, sin que hasta el momento el gobierno nacional haya sido eficiente ni eficaz en la implementación de medidas concertadas con las comunidades.  Hemos también recalcado que atender la seguridad de las comunidades en las regiones no significa solamente control militar, sino fundamentalmente presencia del Estado con inversión social, fortaleciendo la ciudadanía organizada para una mayor y mejor participación, lo que garantiza resultados sostenibles en el tiempo.

Estas demandas han sido recogidas por el informe de la oficina del alto comisionado de naciones unidas, cuya entrega pública no se pudo cumplir por la omisión del gobierno colombiano en la acreditación del nuevo representante en Colombia. Requerimos a la Cancillería para que este trámite se surta prontamente, dadas las funciones que cumple esa oficina en materia de derechos humanos, así como la labor que desempeña en el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, sobretodo en relación con el impacto en las poblaciones más vulnerables y afectadas por el conflicto.

 

 

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Alianza Social Independiente ASI

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