Una justicia que cojea pero a veces llega

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Excongresistas y exgobernadores fueron condenados en primera instancia por concierto para delinquir, mediante una decisión del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, que les ordena devolver los salarios y el dinero que recibieron por reposición de votos en 2002 y 2006 cuando en alianza con paramilitares salieron electos, se lucraron con dineros públicos y realizaron las mismas conductas criminales en las elecciones presidenciales de esas fechas. Esta decisión judicial resuelve dos acciones populares presentadas en el 2008, en defensa del patrimonio público y de los derechos colectivos a la moralidad administrativa.

Los cerca de 50 condenados pertenecientes a los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, de la U, Colombia democrática, Convergencia ciudadana, Alas equipo Colombia, Colombia viva, Movimiento de integración popular, Movimiento renovador de acción social, además de cumplir con la pena de prisión, deberán devolver a las arcas públicas, un monto estimado de $30.000 millones de pesos de su propio patrimonio, y ordena a los partidos que los avalaron responder también por los dineros que recibieron en los años 2002 y 2006 por concepto de reposición de votos.

El fallo judicial le jala las orejas al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría por omisión en el cumplimiento de sus deberes, por cuanto no accionaron para recuperar esos dineros públicos. Por eso ordena al CNE actuar con ese propósito, y al Congreso adelantar los procesos para recuperar los salarios que recibieron los senadores y representantes condenados. Para asegurarse del cumplimiento de estas órdenes el juez decide la conformación de un comité de verificación integrado por delegados de estos organismos y del ministerio público.

Está pasada la hora de que estos criminales de cuello blanco respondan por sus actos criminales y el asalto al erario público, y que los partidos políticos asuman las consecuencias como corresponsables avaladores de estos candidatos cuya vinculación con el paramilitarismo era ampliamente conocida y silenciada.

No queda sino celebrar y acompañar esta decisión judicial y esperar que se extienda como ejemplo de buenas prácticas y cumplimiento del deber de administrar justicia. Resulta indignante para los ciudadanos del común, que además de estar recluidos en instalaciones donde gozan de comodidad y hasta lujos, puedan salir luego a seguir gozando de los dineros públicos que se apropiaron ilegalmente y que les facilita seguir con sus empresas criminales, debido entre otros, a que los organismos encargados de la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos no actúan para recuperarlos.

Es hora de que la justicia empiece a actuar de manera pronta y coherente, ya que estamos hablando de uno de los poderes públicos altamente cuestionado y que se ha ganado con creces la desconfianza ciudadana. Es este tipo de decisiones las que podría abonar a la recuperación de la credibilidad y el respeto ciudadano por sus instituciones de justicia.

En estas contiendas electorales próximas un buen mensaje para la nación sería presenciar a los organismos de control electoral, al ministerio público y a los agentes de justicia, accionar de manera eficaz para sancionar a quienes atenten contra el ejercicio transparente y libre del voto, así como prevenir que se cometan fraudes y violencia electoral.

 

 

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Alianza Social Independiente ASI

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