Es imperativo avanzar en la reforma rural integral

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La no resolución del tema agrario es una de las causas fundamentales que dio origen al conflicto armado en nuestro país; por tal razón uno de los puntos más álgidos y de mayor relevancia en las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP fue la reforma rural integral, ocupando el primer punto del acuerdo final donde se sentaron las bases para la transformación del campo, erradicar la pobreza rural extrema y disminuir en un 50% la pobreza en el sector rural en un término de 10 años; para ello se acordó la formalización de tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes para la reforma rural integral para superar la desigualdad de la población rural.

La reforma rural es un tema que no ha sido posible resolver en las últimas décadas y este debate ha sido aplazado en distintos momentos por el poder político y económico que se ha opuesto, mientras al contrario aseguraban un mayor acaparamiento de tierras por unos pocos; lo acordado en la Habana abre la posibilidad para que el país pueda consolidar de manera efectiva y eficiente una reforma rural estructural que transforme el campo colombiano.

En efecto el gobierno nacional socializó con distintos gremios empresariales  del sector, el proyecto que se denominó Ley de Tierras, que modificaba la Ley 160 de 1994; dicha propuesta desató muchos debates que evidenciaron los poderosos intereses que giran alrededor de la propiedad y uso de la tierra, al tiempo que por razones diferentes encontró también resistencia entre organizaciones agrarias, analistas y defensores de derechos humanos; ante la pocas probabilidades de expedir una ley agraria en el marco de la vía rápida, el gobierno nacional optó por la expedición del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

El alto tribunal constitucional debe verificar entre otros aspectos, si el gobierno nacional garantizó el derecho de consulta previa e informada de las comunidades étnicas del país; recordemos que en el año 2009 este alto tribunal declaró la inexequibilidad de la ley 1152/07 por la cual se expidió el Estatuto de desarrollo rural porque no se consultó a las comunidades indígenas de manera previa a su aprobación. Por su parte la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad de la normativa, puesto que en su expedición no cumple con el requisito de “estricta necesidad”, ya que podía ser presentado ante el Congreso para ser tramitado por vía fast track; sin embargo, solicitó que los efectos fueran diferidos a un año para que el legislativo regulara la materia.

Durante el trámite de revisión, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública, en la cual se estableció “que el Decreto Ley 902 es fundamentalmente instrumental, así que no genera cambios en el régimen agrario”, los temas gruesos y complicados deberán ser discutidos en el Congreso de la República, previa consulta y consentimiento libre e informado de las poblaciones étnicas.

A la fecha, el ministerio de agricultura está trabajando en el proyecto de ley de tierras, cuyo articulado fue dado a conocer en octubre del 2017 para ser sometido a consulta previa. En noviembre de 2017, las organizaciones indígenas, la comisión colombiana de juristas, la mesa nacional de unidad agraria, entre otras, suscribieron un comunicado rechazando en su integridad el borrador del proyecto de ley, considerándolo regresivo, por cuanto desconoce el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos, reduce la participación de los campesinos, impone el modelo extractivo (minería, petróleo, agroindustria), favoreciendo la acumulación de tierras; no garantiza la protección a la propiedad ancestral, entre otras razones[1]. A la fecha y después de un proceso complejo, el gobierno nacional no ha logrado concretar con las comunidades negras y pueblos indígenas, la ruta del proceso de consulta previa sobre esta norma que los afecta.

Si se suma a lo anterior que los proyectos de ley que habilita el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales, y el de adecuación de tierras, fueron archivados por vencimiento de términos, se observa un panorama desalentador en materia agraria para la materialización de medidas legislativas que permitan desarrollar de manera eficiente y eficaz el acuerdo final.

Este panorama nos lleva a concluir que para lograr la implementación efectiva del primer punto del acuerdo final deben confluir distintos factores, tales como la voluntad política del gobierno y del congreso, así como contar con la participación activa del movimiento campesino y el consentimiento de las comunidades étnicas. Estas últimas seguramente llevarán la carga más pesada de presión e incidencia para lograr una reforma rural transformadora.

 

 

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Alianza Social Independiente ASI

[1] http://cms.onic.org.co/noticias/2198-pronunciamiento-publico-en-torno-al-nuevo-proyecto-de-ley-de-tierras-presentado-por-el-gobierno-nacional

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